En el año 2020, el Ayuntamiento de Cádiz aprobó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, con el objetivo de limitar la proliferación de casas de juego en las cercanías de colegios o centros deportivos y culturales. Varias asociaciones y entidades gaditanas, así como la propia Junta de Andalucía, recurrieron aquella medida ante la justicia andaluza, y finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les ha dado la razón.
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Bonos actuales El TSJA ha estimado los recursos presentados por la Junta, la entidad Gestión de Juegos y la Agrupación Gaditana del Recreativo, al entender que el ayuntamiento de la ciudad gaditana se extralimitó con la norma, cuya competencia es exclusivamente autonómica.
Tras la aprobación de la medida en Cádiz, la Junta de Andalucía ya dictó un decreto que establecía una distancia de al menos 150 metros radiales con respecto a centros docentes, que debía ser mantenida por los salones de nueva apertura. Según el tribunal andaluz, la norma del Ayuntamiento de Cádiz es “exagerada, desmedida y falta de justificación”. De hecho, la mayoría de salones de juego quedarían fuera de ordenación con esa modificación de los 500 metros de distancia.
Añade además el TSJA que el Ayuntamiento de Cádiz no ha aportado ningún informe que avale la detección de un problema grave en la población gaditana por culpa de la adicción al juego. La intervención municipal está, por tanto, fuera de lugar, según el alto tribunal de justicia de Andalucía, que sí que admite la preocupación por los efectos perniciosos que el juego puede tener, especialmente en colectivos vulnerables como los jóvenes.
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Bonos actuales Según la sentencia, el consistorio gaditano se extralimitó en sus funciones, incluso en lo acordado en pleno para la modificación de ese Plan General de Ordenación Urbana. Los partidos en el gobierno llevaron más allá su intento por frenar la expansión de locales de juego en la ciudad, algo que, por otra parte, dependía de la Junta de Andalucía. El cambio de la norma nacía, precisamente, como una forma de llamar la atención de los políticos regionales, pero se sobrepasó en su objetivo final, lo que ha provocado que se haya tumbado finalmente.
Tras conocerse la noticia, el concejal de Urbanismo del ayuntamiento, Martín Vila, ha asegurado que el equipo de gobierno está estudiando la opción de recurrir al Tribunal Supremo. La misión del consistorio, según indica Vila, es la de defender el derecho a ordenar su territorio, especialmente para ayudar a los más vulnerables, y en pos de proteger la salud pública. Es esperable, por tanto, que se dé finalmente el recurso al alto tribunal español, aunque el Ayuntamiento gaditano tiene las de perder tras esta sentencia del TSJA.
En los últimos años, muchos políticos se han mostrado contrarios a la apertura de nuevos salones de juego, en una cruzada contra las apuestas deportivas que está derivando casi en una psicosis global. El fallo del Tribunal Supremo de la Junta de Andalucía puede ser decisivo para que esta persecución se frene, al menos en parte.
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